Del sistema nacional anticorrupción en México, sin fiscal

por Margarita Argüelles Gómez*

Uno de los compromisos de campaña de Enrique Peña Nieto, firmados ante notario el 30 de marzo de 2012 fue el combate a la corrupción, así llegó como iniciativa al Senado dos meses antes de que asumiera la Presidencia, que se creara la Comisión Nacional Anticorrupción para sustituir a la Secretaría de la Función Pública, SFP (organismo estatal encargado de coordinar, evaluar y vigilar el ejercicio público del gobierno a nivel federal). ¿Qué ha pasado?

En el año de 1983, el entonces presidente de la república Miguel de la Madrid Hurtado (1982- 1988) crea la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, como política de combate a la corrupción y siguiendo su estrategia de campaña que entonces había promovido “La renovación moral”. Eran tiempos aciagos para nuestra economía y para nuestra sociedad con las noticias más escandalosas sobre funcionarios corruptos, incluido el ex presidente López Portillo. En 1994 la institución cambia de nombre a Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, estaba empezando el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000); el nombre se mantuvo hasta el 2003, a la mitad del sexenio de Vicente Fox (2000-2006), cuando cambió a Secretaría de la Función Pública.

En septiembre de 2009, Felipe Calderón quiso desaparecer a la SFP porque había críticas y controversias en torno al funcionamiento del organismo (entonces Salvador Vega Casillas había sustituido a Germán Martínez Cázares en la secretaría del organismo), pero el Congreso no aprobó el proceso de desaparición.

Cuando llega Peña Nieto a la presidencia, decreta la modificación de los artículos 26, 31, 44 y 50 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se disuelve la SFP en 2013. No hubo nombramiento de secretario que llevara a cabo las funciones del organismo, de esta forma persistió en inactividad, las promesas no llegaron a prosperar en acciones.

Lo triste del combate a la corrupción en México es que sólo “después del niño muerto se tapa el pozo” o algo peor, se procede para “Taparle el ojo al macho”. Me explico: Dada la falta de rendición de cuentas del gobierno federal y los escándalos de corrupción que suman las casas blancas denunciadas por Carmen Aristegui y su equipo (a quienes despidieron de la radio en febrero de 2015, después de que en noviembre de 2014 publicaran la investigación que denunció las implicaciones de Angélica Rivera y la constructora HIGA en la compra de la casa de Lomas de Chapultepec con un valor de 7 millones de dólares, nada más), Peña Nieto responde a la presión y crítica política nombrando a Virgilio Andrade Martínez (de triste memoria) el 3 de febrero de 2015 como Secretario de la Función Pública, con el mandato de combatir frontalmente a la corrupción en la administración federal ¿cómo, si el artículo 108 constitucional suscribe que: Durante su periodo, el Presidente de la República sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común, no por actos de corrupción o conflictos de interés? Entonces es claro que nuestro problema no es la corrupción sino la impunidad.

Lo triste del combate a la corrupción en México es que sólo “después del niño muerto se tapa el pozo” o algo peor, se procede para “Taparle el ojo al macho”. Me explico: Dada la falta de rendición de cuentas del gobierno federal y los escándalos de corrupción que suman las casas blancas denunciadas por Carmen Aristegui y su equipo (a quienes despidieron de la radio en febrero de 2015, después de que en noviembre de 2014 publicaran la investigación que denunció las implicaciones de Angélica Rivera y la constructora HIGA en la compra de la casa de Lomas de Chapultepec con un valor de 7 millones de dólares, nada más), Peña Nieto responde a la presión y crítica política nombrando a Virgilio Andrade Martínez (de triste memoria) el 3 de febrero de 2015 como Secretario de la Función Pública, con el mandato de combatir frontalmente a la corrupción en la administración federal ¿cómo, si el artículo 108 constitucional suscribe que: Durante su periodo, el Presidente de la República sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común, no por actos de corrupción o conflictos de interés? Entonces es claro que nuestro problema no es la corrupción sino la impunidad.

La reactivación de la Secretaría de la Función Pública se dio bajo presión, Para empezar la corrupción corroe al sistema político mexicano desde tiempos inmemoriales. Se crea el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) el 27 de mayo de 2015, y sólo hasta el 18 de julio de 2016 se publica la Nueva Ley General del SNA.

Después de dos años, finalmente se lleva a cabo la primera sesión de instalación el 4 de abril pasado, el Órgano de Gobierno está integrado por la presidenta Jacqueline Peschard; Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación; Arely Gómez, Secretaria de la Función Pública; Carlos Chaurand, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Francisco Javier Acuña, titular del INAI, y Alfonso Pérez Daza, representante del Consejo de la Judicatura. Sólo falta una pieza clave, ni más ni menos que el Fiscal Anticorrupción quien todavía no has ido designado por el Senado. Bueno, un sistema anticorrupción que camina muy lento y con vacíos ¿sinónimo de continuar con la impunidad?

*Politóloga, Doctora en Gobierno, Gestión y Democracia. Miembro de la Junta Nacional Directiva de la AMECIP.

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