Este 2026 se cumplen cien años del inicio del mayor conflicto entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano, al que los historiadores han denominado la Cristiada y la iglesia califica de persecución religiosa.
Aunque el Episcopado Mexicano han definido este centenario como una memoria de los mártires de esa confrontación, el hecho histórico no puede verse desde una sola perspectiva, porque los protagonistas no fueron únicamente los sacerdotes y laicos ejecutados por las tropas del gobierno (los mártires), sino los obispos, los laicos, los levantados en armas, el gobierno y el Vaticano.
Hay que ver más allá de los mártires para conocer el hecho histórico y valorar la perspectiva que el episcopado mexicano actual le busca dar a este centenario.
Los antecedentes
La primera década del siglo XX fue un tiempo clave para la organización de los laicos, muchas veces bajo la tutela de los sacerdotes, pero también para la creación y fortalecimiento de otras organizaciones cuyo objetivo era hacer de México un Estado católico.
Se creó el Partido Católico Nacional en los primeros años del siglo XX, el cual apoyó a Francisco I. Madero; pero más tarde, varios de sus miembros se unieron al dictador Victoriano Huerta.
Esto provocó que la Revolución Constitucionalista se caracterizada por su carácter anticlerical. El resultado fue la promulgación, en 1917, de una nueva Constitución con artículos totalmente contrarios a la Iglesia (artículos 3, 8, 27 y 130, principalmente).
La reacción del episcopado católico fue inmediata: en una carta pastoral colectiva firmada en los Estados Unidos, donde la mayoría de los obispos se encontraba desterrada, protestaban contra los artículos contrarios a la religión; el conflicto se iniciaba.
Durante los gobiernos de Carranza y Álvaro Obregón, se mantuvo la tensión entre el Estado y la Iglesia; sin embargo, con la llegada al poder del general Plutarco Elías Calles, se agudizó el conflicto.
Primero, con el apoyo de Calles, a iniciativa de la CROM se creó la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, lo que motivó la creación de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa (La Liga).
Luego, el gobierno callista envió al congreso la iniciativa de Ley que reglamentaba el artículo 130 de la Constitución. Se ordenaba el registro de todos los ministros de culto en la Secretaría de Gobernación, se limitaba el número de sacerdotes en cada estado, se prohibía la presencia de clérigos extranjeros y el uso hábito religioso fuera de los templos y se limitaban los actos de culto al interior de los templos.
Aprobada esta ley reglamentaria, se reformó el Código Penal federal para elevar las penas a los clérigos de no acataran la disposiciones de dicha ley. El 21 de abril de 1926 el episcopado mexicano publicó una carta pastoral en donde reiteró que la iglesia católica era una sociedad perfecta que no podía estar supeditada al Estado. Llamó a los laicos a organizarse para defender los derechos de la Iglesia.
El conflicto, sin embargo, se recrudeció. Por esto los obispos publicaron una segunda carta pastoral, el 25 de julio, documento que significó la ruptura total entre las dos entidades, al decretar la jerarquía católica la suspensión de cultos en toda la República, como una medida no sólo de protesta, sino de presión al gobierno de Calles.
El 1 de agosto de 1924 se cerraron los templos; pero la reacción de los fieles no fue la que esperaban ni los obispos ni el gobierno. En zonas rurales de Durango, Jalisco y Zacatecas se iniciaron los levantamientos que en enero de 1927 se extendieron por otros estados y así se formó el ejército cristero, bajo la coordinación de La Liga.
Por su parte, los obispos mexicanos se dividieron. Mientras los obispos de Tacámbaro (Leopoldo Lara y Torres), Huejutla (José de Jesús Manríquez y Zárate) y Durango (José María González y Valencia) optaron por la línea dura y apoyaron a los cristeros, el arzobispo de Guadalajara (Francisco Orozco y Jiménez) y el obispo de Colima (Jośe Amador Velasco) se mantuvieron firmes en el enfrentamiento directo con gobierno callista pero por la vía pacífica.
Sin embargo, la mayoría de los prelados esperó las disposiciones que marcara el Vaticano. Así se llegó, en 1928 al diálogo con el gobierno, para lo cual se designṕo al arzobispo de Morelia Leopoldo Ruiz y Flores, y al obispo de Tabasco Pascual Díaz Barreto, quienes aceptaron los acuerdos verbales con el presidente interino Emilio Portes Gil.
Tanto la Liga como algunos obispos se opusieron a los arreglos, principalmente los que apoyaron a los cristeros; pero la orden del Vaticano era precisa: negociar lo posible para reanudar el culto, no más.
Es significativa la carta que los obispos de Tacámbaro, San Luis Potosí y Guadalajara enviaron a Pío XI, en la cual manifiestan su desacuerdo con los arreglos al argumentar: “¿De qué han servido tantos sacrificios si al fin los católicos hemos de quedar esclavos? ¿A qué tanta sangre, tantos sufrimientos y lágrimas, si habíamos de quedar como estamos ahora o poco menos?”
Por su parte, uno de los sacerdotes que tomó las armas, el padre Aristeo Pedroza, escribió al arzobispo Leopoldo Ruiz y Flores: “Si el tirano se niega a conceder todas las libertades que exigimos, dejad que el pueblo continúe la lucha para alcanzarlas y no entreguéis a toda esa porción de vuestra grey a una matanza estéril. Recordad que Vosotros declarasteis hace tres años que era lícita la defensa armada contra la tiranía callista; no entreguéis a vuestras ovejas a la cuchilla del verdugo».
El padre Aristeo Pedroza tenía razón; apenas regresó a su parroquia, en Arandas, Jalisco, fue apresado, torturado y fusilado por tropas del gobierno el 3 de julio de 1929, apenas 12 días después de declarados los arreglos con la iglesia.
Además, los obispos negociadores aceptaron el destierro de los obispos José María González y Valencia (Durango), Francisco Orozco y Jiménez (Guadalajara) y José de Jesús Manríquez y Zárate (Huejutla), mientras el gobierno de Michoacán le prohibió al obispo Leopoldo Lara y Torres regresar a Tacámbaro.
Conclusión
La conmemoración a la que convocan los obispos mexicanos este 2026 es contradictoria; se centra en la memoria de aquéllos sacerdotes y laicos que fueron declarados oficialmente santos y mártires, pero se olvidan de sus hermanos obispos que padecieron el destierro como parte de los acuerdos con el gobierno, se olvidan de los cientos (¿o miles?) de cristeros que tras deponer las armas fueron asesinados, de las viudas y huérfanos que dejó esa guerra tanto del lado cristero como del lado de las tropas del gobierno, compuestas por campesinos católicos en su mayoría, reclutados a la fuerza.
