por J. C. Roca
Lo que durante años fue un secreto a voces en los pasillos del poder poblano, hoy tiene nombre, apellido y expedientes judiciales en curso: el Cártel del Despojo.
Esta red de corrupción, presuntamente enquistada en las entrañas de las notarías públicas, el Registro Público de la Propiedad, Catastro y el propio Poder Judicial del estado, ha dejado de ser un mito para convertirse en parte importante de la agenda judicial del actual gobernador, Alejandro Armenta.
La confirmación no llegó por casualidad. Fue catapultada por las recientes revelaciones del periodista tabasqueño Manuel Pedrero Solís —galardonado con el Premio Nacional de Periodismo 2026 y director del medio independiente Los ReporterosMX—, quien desnudó la operación de esta mafia.
Comprar lo que ya era tuyo: El terreno de Los Fuertes
El caso que ilustra a la perfección el modus operandi de este cártel ocurrió en 2022, durante la administración del fallecido exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta. El gobierno estatal, a través del Fideicomiso Banco Estatal de Tierra (BET), adquirió un terreno de 12 mil 855 metros cuadrados en la histórica zona de Los Fuertes para la construcción de la nueva sede del Congreso local. El monto de la operación fue escandaloso: 86.5 millones de pesos.
Sin embargo, el sobreprecio es apenas la punta del iceberg. La investigación de Pedrero Solís demostró que ese mismo predio ya pertenecía al Gobierno de Puebla. El 16 de enero de 2012, bajo el mandato de Rafael Moreno Valle, el Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo de donación del terreno para la construcción del Parque Metropolitano. El predio quedó legalmente inscrito tanto en el Registro Público de la Propiedad de Puebla como a nivel federal.
La administración barbosista no solo compró a precio de oro, sino que pagó por un bien que ya era patrimonio de los poblanos, validando la transacción con documentos oficiales plagados de irregularidades.
La ruta del dinero y los nombres detrás del negocio
El historial financiero de este terreno en Los Fuertes dibuja una escalada especulativa diseñada para saquear el erario:
2007: Venta a un primer particular en 9 millones de pesos
2009: Adquirido por Inmobiliaria 2015 en 13 millones de pesos
2022: Comprado por el gobierno de Puebla en 86.5 millones de pesos
El metro cuadrado se pagó en aproximadamente 6,730 pesos.
Pero el tráfico de influencias se intensificó al descubrirse que, apenas un año antes de la millonaria venta (en 2021), la madre de Jorge Estefan Chidiac se incorporó como accionista de Inmobiliaria 2015, una maniobra protocolizada ante la Notaría 29.
A pesar de estas anomalías, sobre este mismo suelo se inauguró el 18 de noviembre de 2024, durante el interinato de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el nuevo recinto legislativo de Puebla.
El fin de la impunidad notarial
La magnitud del saqueo ha obligado al gobierno estatal a pasar a la ofensiva. Desde principios de 2026, José Luis García Parra, coordinador de Gabinete, anunció el envío de una iniciativa de reforma legislativa al Congreso poblano. ¿El objetivo? Cortar de tajo la comercialización fraudulenta de tierras y la especulación inmobiliaria orquestada por notarios públicos coludidos.
El gobernador Alejandro Armenta ha sido frontal al respecto, confirmando que la Consejería Jurídica ya está armando las carpetas de investigación correspondientes.
«Claro que hay un cártel del despojo en Puebla, claro que hay un cártel inmobiliario. Ya la Consejería Jurídica está preparando denuncias con pruebas. ¡Y quieren ser candidatos, imagínense!», aseguró.
La pregunta que hoy resuena en Puebla no es si el Cártel del Despojo existe, sino hasta dónde llegarán las consecuencias legales.
El reloj judicial ya está corriendo.
