El diputado José Miguel Trujillo de Ita impulsa iniciativa para adicionar al Código Penal del Estado de Puebla, con el fin de sancionar el ingreso no autorizado de telefonos celulares y dispositivos electrónicos con acceso a internet o telefonía a centro penitenciarios.
Esta mañana durante la presentación de su propuesta, el legislador subrayó que el fín de la medida es frenar los casos de extorsión y fraude que, usualmente, se realiza desde los centros de detención, dónde los delincuentes tienen sus call centers para realizar actos delictivos.
La propuesta sugiere establecer penas de entre tres a seis años de prisión y multas de hasta 500 Unidades de Medida de Actualización (UMA). En caso de que el delito sea cometido por el personal penitenciario, las penas pueden ir de cuatro a ocho años de prisión, multas de hasta mil UMA e incluye la destitución y inhabilitación para ejercer cargos en áreas de seguridad pública durante cinco años.
Además, se establecen agravantes cuando los dispositivos sean utilizados para cometer extorsión o fraude, con penas de hasta diez años de prisión, y sanciones más severas cuando exista colusión de directivos penitenciarios.

