El transporte y los servicios públicos en toda España registraron graves afectaciones este miércoles debido a la primera huelga general en 14 años, convocada por los principales sindicatos (UGT y CC OO) en protesta por la crisis de la vivienda y el alto coste de la vida.
La movilización, que incluyó interrupciones de tráfico en Madrid y Cataluña, detenciones por altercados y ataques a agencias inmobiliarias, se celebra a las puertas de las elecciones parlamentarias anticipadas fijadas para el próximo 29 de noviembre, convirtiéndose en un termómetro del descontento social.
El detonante directo de la protesta fue el desahucio a finales de septiembre de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que falleció en el hospital semanas después de ser desalojada del piso en Madrid donde vivió siete décadas, tras triplicársele el alquiler.
De acuerdo con información de la BBC, el coste medio de un piso de 50 m² en la capital asciende a 1.170 € mensuales según el portal Idealista, obligando a los ciudadanos a destinar casi el 50% del salario bruto medio nacional (2.460 €) a la vivienda, una cifra que duplica el límite de asequibilidad del 30% recomendado por los expertos.
El seguimiento de la jornada generó valoraciones opuestas: mientras los líderes sindicales Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CC OO) calificaron la participación de «masiva» y «muy significativa», la patronal CEOE, a través de su vicepresidente Miguel Garrido, la tildó de «baja y desigual», argumentando que la huelga obedece a motivos puramente políticos y electorales. Como indicador técnico del paro, la operadora Red Eléctrica registró una caída del 7,5% en el consumo eléctrico industrial durante la madrugada, un impacto menor al descenso del 15% reportado en la última huelga general del país en 2012.
La movilización ha fracturado el escenario político de cara a los comicios, convocados por el primer ministro socialista, Pedro Sánchez, tras fracasar la aprobación parlamentaria de su reforma de vivienda. En un hecho inédito para un Gobierno de turno, Sánchez y sus ministros alentaron activamente la huelga, defendiendo en redes sociales las manifestaciones como una vía legítima para blindar conquistas colectivas y asegurar el derecho constitucional de los trabajadores a protestar.
Por el contrario, el Partido Popular (PP), que actualmente lidera las encuestas de intención de voto, acusó al Ejecutivo de instrumentalizar el descontento para frenar la llegada de una coalición de derecha. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tachó la huelga general de «absurda» y calificó con dureza a las cúpulas sindicales, mientras que el portavoz del partido, Miguel Tellado, denunció que la huelga se utiliza como una herramienta electoralista para condicionar el voto de los ciudadanos de cara al 29 de noviembre.
