Por: Staff de Forma y Poder
El Gobierno de Puebla manifestó su respaldo a la investigación federal sobre una presunta red empresarial relacionada con contrataciones de materiales y servicios electorales que habría operado durante aproximadamente 27 años y acumulado adjudicaciones por 2 mil 740.3 millones de pesos. El posicionamiento fue presentado este jueves 5 de noviembre por el coordinador general de Gabinete, José Luis García Parra, quien señaló que el caso requiere transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. El gobernador Alejandro Armenta Mier, de acuerdo con el comunicado estatal, respalda las acciones instruidas por la presidenta Claudia Sheinbaum para esclarecer los hechos y fortalecer la certeza de cara a las elecciones de 2027.
La investigación fue expuesta por la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, durante la conferencia matutina de la presidenta. De acuerdo con la información presentada, se identificaron al menos seis empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas: Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández. Las compañías habrían participado en procedimientos de contratación de organismos electorales de distintas entidades, presuntamente mediante mecanismos de simulación de competencia.
Según las cifras expuestas por la funcionaria federal, entre 2015 y 2023, las empresas obtuvieron contratos por aproximadamente 2 mil 94 millones de pesos con 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Posteriormente, durante 2024 y 2025, se identificaron otras adjudicaciones por alrededor de 646.3 millones de pesos en 15 organismos electorales estatales. En conjunto, los contratos señalados representan aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos. La revisión se realizó con información de la Plataforma Nacional de Transparencia, registros históricos de CompraNet y documentación empresarial; las autoridades advirtieron que los montos podrían modificarse conforme avancen las auditorías.
En el caso de Puebla, García Parra informó que se identificaron contrataciones por 49.4 millones de pesos entre 2014 y 2023, además de otros 129.7 millones durante 2024 y 2025, lo que representa un total de 179.1 millones de pesos. Ante estos antecedentes, el Gobierno estatal solicitó que las autoridades fiscalizadoras realicen una revisión integral de los procedimientos y contratos, con el propósito de esclarecer cómo se llevaron a cabo las adjudicaciones y determinar si existieron irregularidades.
Por su parte, Claudia Sheinbaum informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició acciones para inmovilizar algunas cuentas relacionadas con el caso, derivadas de denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La investigación también contempla revisar los mecanismos mediante los cuales las empresas habrían participado en las licitaciones, así como las relaciones entre sus integrantes y las operaciones financieras identificadas. Las posibles responsabilidades deberán establecerse mediante las investigaciones y procedimientos correspondientes, sin anticipar culpabilidades.
Como parte de las medidas para fortalecer la transparencia electoral, el Gobierno federal contempla ampliar la supervisión de las contrataciones, incorporar una mayor participación de proveedores nacionales y fortalecer los Talleres Gráficos para incrementar la producción estatal de materiales electorales. En Puebla, el secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio, informó que se han digitalizado los trámites de registro de proveedores para reducir el contacto directo y posibles espacios de discrecionalidad. También señaló que los órganos internos de control acompañan los procedimientos de licitación y que 315 personas servidoras públicas han sido separadas de la administración estatal por irregularidades.
El Gobierno de Puebla sostuvo que colaborará con las autoridades para que los comicios del 6 de junio de 2027 se desarrollen con legalidad y certeza. Mientras tanto, la investigación federal mantiene bajo revisión contrataciones electorales por miles de millones de pesos en distintas entidades, entre ellas Puebla, donde las autoridades estatales respaldaron la fiscalización de casi 180 millones de pesos en operaciones identificadas durante los últimos años.
