Un juez en España investigará al cantante Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales, lesiones y trato degradante en contra de dos extrabajadoras de sus residencias en República Dominicana y Bahamas. Este miércoles 18 de noviembre, el magistrado Antonio Piña Alonso admitió a trámite la querella por hechos ocurridos a partir de 2021, pero rechazó abrir una causa por trata de seres humanos y delitos contra los derechos de los trabajadores, aclarando que esta resolución no prejuzga la credibilidad de las denunciantes ni la responsabilidad del artista.
Las dos mujeres, respaldadas por la organización Women’s Link Worldwide, deberán comparecer presencialmente el 3 de febrero de 2027 para ratificar su denuncia. Aunque el magistrado les negó la condición formal de testigos protegidas y rechazó imponer una orden de alejamiento contra Iglesias al no apreciar un riesgo actual, ordenó mantener bajo reserva sus domicilios y grabar sus declaraciones únicamente en audio para proteger su privacidad.
En su resolución, el juez descartó los delitos laborales y de trata al señalar que las leyes del Caribe no tipifican esas conductas penales como en España y que las pruebas demuestran que una de las empleadas aceptó el trabajo voluntariamente, recibió un sueldo superior al mínimo legal y abandonó el puesto cuando quiso. Asimismo, el auto destaca la dificultad de investigar hechos ocurridos fuera de España y señala que la querella omite acciones penales contra dos encargadas de las residencias identificadas como participantes directas, además de advertir que deberán aclararse unos mensajes afectuosos de WhatsApp enviados por una denunciante años después de dejar el empleo.
El proceso avanza luego de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivara inicialmente el caso en enero por falta de jurisdicción, pero cambiara de criterio en octubre tras la querella presentada por las mujeres el 3 de septiembre. Finalmente, el magistrado limitó la investigación por lesiones y trato degradante a los hechos posteriores al 5 de octubre de 2021 para evitar su prescripción, dejando pendiente la valoración de las agresiones sexuales hasta esclarecer exactamente cómo ocurrieron.

