El panismo ultraconservador (el único PAN que hoy existe) ha tomado el caso de la injerencia de la CIA en el estado de Chihuahua, como una bandera electoral con miras a 2027 y la intención de convertir a la gobernadora María Eugenia Campos (a) “Maru”, en candidata ultraderechista para 2030, convirtiéndola en una María Corina Machado mexicana, seguramente por su actitud entreguista y servil a los Estados Unidos.
Para esto, se ha creado un discurso falaz, engañoso, con el que se pretende convertir una investigación apegada a derecho en una persecución política, se argumenta que a la gobernadora se le acusa por haber desmantelado un narcolaboratorio y se le demanda al gobierno federal que dé resultados en el combate al crimen organizado “como lo ha hecho Maru Campos”.
Este discurso se ha multiplicado en medios que han mantenido una postura de apoyo a la oposición. Así, Ciro Gómez Leyva aplaude que gracias al caso de Chihuahua, el panismo toma fuerza para 2027, o Sergio Sarmiento que asegura que “Maru Campos pasó de gobernadora de un estado fronterizo a ser símbolo nacional de resistencia frente a un gobierno que busca construir un partido hegemónico”.
Sin embargo, los argumentos son falsos.
La bandera de persecución política no es nueva en las manos de María Eugenia Campos; ya lo afirmó en 2021, cuando el entonces gobernador de Chihuahua Javier Corral la investigó por presunta participación en el fraude perpetrado por el anterior gobernador. Ella, candidata a la gubernatura, se declaró perseguida política. Hoy, frente a las evidencias de la presencia de la CIA, vuelve a proclamarse perseguida, y su partido le aplaude y la apoya.
Por otra parte, sus defensores manejan un argumento totalmente falso, y ellos lo saben: afirman que la gobernadora es perseguida por un narcogobierno porque desmanteló un laboratorio clandestino, como si ese fuera el único logro del combate al crimen organizado en México.
Aquí no se trata de la acción ejecutada, sino de quiénes y de qué forma lo ejecutaron. No fueron sólo agentes de Seguridad de Chihuahua quienes participaron en la operación, con ellos había cuatro agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos. Esto sin tomar en cuenta que la “Maru”, firmó un acuerdo con el gobernador de Texas, sin consultar a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
De este modo, la gobernadora de Chihuahua y sus corifeos del PAN y de los medios afines, deben reconocer que la señora violó tres artículos de la Constitución del país:
- Artículo 89 (Fracción X) que otorga exclusivamente al titular del Ejecutivo Federal la facultad de dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales;
- Artículo 76 (Fracción V): que establece las facultades exclusivas del Senado en materia de seguridad nacional y política exterior;
- Artículo 117 que prohíbe a los estados de la Federación celebrar cualquier alianza o coalición con un Estado extranjero.
Además, violó los artículos 70 y 71 de la Ley de Seguridad Nacional, que indican que agentes extranjeros (como los de la CIA) pueden realizar labores de enlace e intercambio de información; pero tienen prohibido participar en operativos de campo, detenciones, cateos o acciones tácticas de seguridad.
Al contexto de estas violaciones habrá que añadir que cuando la gobernadora asumió el Poder Ejecutivo de Chihuahua, juró cumplir y hacer cumplir “la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”. Maru Campos, al violar las leyes, violó su propio juramento y hoy la nación se lo demanda.
Laboratorios: uno contra dos mil 400
Para evidenciar la falacia de los argumentos panistas, es bueno comparar lo realizado en Chihuahua con los resultados de casi dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“Se le acusa por haber desmantelado un narcolaboratorio”, dicen los panistas y sus aplaudidores. ¿Qué es esa acción, además violatoria de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional, frente a los resultados en el resto del país?
El secretario de Seguridad Nacional Omar García Harfuch, ha informado detalladamente los resultados de la estrategia de seguridad en lo que va del sexenio de la doctora Sheinbaum Padro. He aquí algunos datos:
Los homicidios dolosos disminuyeron en un 49 por ciento.
Se aseguraron dos mil 400 laboratorios clandestinos de metanfetaminas.
Han sido detenidas 54 mil 300 personas presuntamente vinculadas al crimen organizado.
Como parte de la “Operación Enjambre” se han detenido a 85 funcionarios públicos, de todos los partidos políticos, entre ellos siete presidentes municipales en funciones, por sus vínculos con el narcotráfico.
Se han decomisado más de 400 toneladas de droga y decomisadas 30 mil armas de fuego, el 78 por ciento provenientes de los Estados Unidos.
¿Seguirán los panistas insistiendo en que su gobernadora es perseguida por combatir el narco?
