Punto de Vista
Por Nicolás Dávila Peralta –
El 1 de abril, el alcalde de Izúcar de Matamoros, Eliseo Morales, publicó en su cuenta personal un comunicado en el que se deslinda de un video difundido en redes sociales, donde se le vincula con un grupo criminal y se le acusa de cobro de piso. En el comunicado, difundido al día siguiente en varios medios informativos, afirma: “Rechazo categóricamente estas acusaciones, pues jamás he participado en prácticas ilícitas”. Asimismo, exhorta a la población a no caer en engaños y reportar a las autoridades cualquier intento de extorsión.
Este audio en redes sociales, ha circulado desde hace varias semanas como una forma de golpear al nuevo alcalde y ha vuelto a aparecer unos días después de que el presidente municipal Eliseo Morales hiciera públicas las amenazas recibidas por parte de grupos delincuenciales.
El 25 de febrero, en un acto de entrega de patrullas a los cuerpos de Seguridad Municipal, el alcalde afirmó: “Ustedes no saben las amenazas que recibo diarias por tratar de dignificar la vida de los izucarenses. Me dicen que no me meta con tal persona, con los que vende esto o lo otro” (Infobae, 27 de febrero). A pesar de ello, aseguró que no solicitaría protección oficial, aunque externó que no deseaba pasar a ser “una carpeta de investigación más” (El Financiero, 27 de febrero).
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Nueva estrategia de seguridad
En los últimos tres años, la delincuencia en el municipio de Izúcar de Matamoros creció de manera alarmante. Los asaltos en vía pública, los robos de vehículos y a negocios se incrementaron y aparecieron bandas de delincuentes, sobre todo en motocicleta. Pero lo alarmante ha sido la aparición de grupos de la delincuencia organizada que ha derivado en el aumento de la venta de estupefacientes, incluyendo el fentanilo, y homicidios por ajuste de cuentas entre estas bandas.
La apatía de la anterior presidenta municipal, Irene Olea Torres, llevó a la indiferencia de la policía frente a la inseguridad; respuestas tardías a los llamados de auxilio, indolencia en la investigación, coalición con delincuentes y la incondicionalidad frente a la mandataria municipal que llevó al secuestro y agresión de reporteras porque “lo mandó la jefa”.
A esta deficiencia de la alcaldesa Orea Torres, se unió la proximidad del sur del estado y de la Mixteca Poblana con dos estados donde la delincuencia ha extendido su poder: Guerrero y Morelos. No sólo en el municipio de Izúcar, sino en toda la región han aparecido señales de la presencia de cárteles; se presume que tienen laboratorios es las zonas más alejadas de las poblaciones, acosan al comercio con el cobro de piso, reclutan a jóvenes y se corre el riesgo de que recluten a migrantes expulsados de Estados Unidos. Esta es la problemática a la que se enfrentan las nuevas autoridades municipales de la región y del estado de Puebla.
Sin embargo, en coordinación con las autoridades estatales y federales, la estrategia de seguridad cambió para bien de la población; pero la delincuencia ha reaccionado.
De la Secretaría de Seguridad municipal se hizo cargo el teniente de fragata, Alexis Ladrón de Vera, conocedor de la estrategia marcada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del programa de seguridad del gobernador Alejandro Armenta Mier. Su primera medida fue poner orden en las fuerzas de Seguridad Municipal. Hoy se cuenta con el apoyo de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.
Es evidente que esto no es del agrado de quienes en el trienio anterior tenían el camino libre para delinquir, de ahí las amenazas y los mensajes en contra de la autoridad municipal.
Es obvio que el camino no es fácil; las organizaciones delincuenciales se apoderaron de la plaza y están dispuestas a permanecer e incluso aumentar su poder. Sin embargo, habrá que mantener la confianza de que la nueva estrategia dé frutos a lo largo del actual gobierno municipal y en los gobiernos estatal y federal. Izúcar de Matamoros, la región, el estado y el país lo desean.
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La estrategia de seguridad
En respuesta al reclamo ciudadano de mayor seguridad, el gobierno estatal ha diseñado un plan cuyo objetivo principal es lograr un estado seguro y tranquilo, disminuir las brechas de desigualdad. Para esto, se trabaja para lograr una policía fortalecida, equipada, profesionalizada y certificada, mejor infraestructura de seguridad y fortalecimiento “de los mecanismos de coordinación entre los sectores público y privado en materia de prevención del delito y proximidad social”.
Este plan está en coordinación con la Estrategia Nacional de Seguridad, implementada por el gobierno federal, en la que destaca la necesidad de coordinar los esfuerzos, tanto de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, como del Gabinete de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia. Esta estrategia ha dado ya muy buenos frutos.
De acuerdo con los informes del gobierno federal al mes de enero, durante los primeros tres meses de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se habían asegurado 90 toneladas de droga, detenido diez mil 148 personas, presuntamente ligadas a la delincuencia organizada, localizado y desmantelado 139 laboratorios clandestinos, lo que representó para los criminales una pérdida de 53 mil 770 millones de pesos.
A esto se añaden los últimos operativos que han golpeado seriamente a las bandas criminales; tal es el caso de la extradición a Estados Unidos de 29 cabezas de diversos cárteles.
Sin duda, la estrategia del gobierno federal actual es diferente a la aplicada en el gobierno de López Obrador; hoy se ven los avances en estos primeros meses del sexenio. Sin embargo, la parte más débil de esta estrategia son las autoridades municipales, ellas son las primeras en enfrentarse a la delincuencia. Y los delincuentes saben que si logran controlar a los alcaldes y poner de su lado a las poblaciones, su poder se mantiene. Así pues, las amenazas y calumnias en contra del alcalde de Izúcar de Matamoros no son las únicas; los delincuentes saben que es el eslabón más débil de la cadena. Por esto, es necesario que las poblaciones, en lugar de hacer caso y difundir los infundios del crimen hacia las autoridades, muestren su apoyo y solidaridad con ellas cuando sufren ataques y amenazas de los criminales.
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