por: Forma y Poder –
Evidencian negligencia oficial para investigar desapariciones
En los últimos 20 años, cinco estados de México han sido escenario de aterradores campos de exterminio, donde criminales han asesinado y desaparecido a miles de personas.
Estos lugares no son simples fosas clandestinas, sino sitios sistemáticos de destrucción de cuerpos, donde se utilizan métodos como la incineración, trituración o disolución en ácidos.
Los colectivos de búsqueda, como el Grupo Vida en Coahuila y las Madres Buscadoras en Tamaulipas, han documentado numerosas zonas en Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Baja California y Coahuila, donde se han encontrado restos humanos y objetos personales.
Casos emblemáticos como los de «El Pozolero» en Tijuana y el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, han reabierto el debate sobre la negligencia de las autoridades para investigar estos sitios. A pesar de la evidencia y las denuncias de colectivos, las autoridades a menudo minimizan los hallazgos o tardan en actuar.
En Tamaulipas, el caso de La Bartolina, donde se han recuperado más de 500 kilos de restos óseos, ha sido un punto focal para las madres de desaparecidos, quienes siguen buscando a sus seres queridos, a pesar de la falta de apoyo estatal.
El horror se extiende en otras zonas como el Corredor de la Muerte en Michoacán, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación ha convertido lugares en centros de exterminio.
En Coahuila, la región Laguna alberga 27 zonas de exterminio identificadas por el colectivo Grupo Vida, que ha trabajado incansablemente durante años para recuperar restos y darles nombre a las víctimas.
La magnitud de la desaparición forzada en México sigue siendo un doloroso recordatorio de la impunidad y la lucha constante de quienes buscan justicia para los desaparecidos.
