El Tribunal Supremo de Estados Unidos acordó este viernes examinar la legalidad de la prohibición de asilo impuesta por el presidente Donald Trump en la frontera con México. Con esta revisión, la administración republicana busca revocar los fallos de tribunales inferiores que declararon ilegal la orden ejecutiva, una medida implementada a su regreso al cargo en 2025 que se mantiene vigente mientras avanza el litigio.
El conflicto legal surge de distintas interpretaciones de la ley federal, la cual otorga a las personas el derecho a solicitar asilo si temen ser perseguidas en sus países, sin importar cómo ingresaron a Estados Unidos, pero también faculta al poder ejecutivo para decidir si lo concede. Bajo esta última premisa, el gobierno argumenta que puede negar el beneficio de manera categórica sin tramitar solicitudes destinadas al rechazo, mientras los fiscales federales aseguran que los plazos de espera de años incentivaban los cruces al permitir que los migrantes fueran liberados en el país durante el proceso.
En respuesta, abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes afirman que la orden intenta «eliminar» unilateralmente protecciones para quienes huyen del peligro. Los defensores sostienen que los cruces fronterizos ya disminuían antes de que Trump asumiera el cargo y advierten que, aunque el Ejecutivo decide si otorga el asilo que permite vivir y trabajar legalmente, la ley exige evaluar cada solicitud de forma individual y prohíbe impedir que las personas la presenten.
Esta restricción migratoria constituye uno de los pilares de la amplia campaña contra la inmigración que el mandatario republicano puso en marcha desde el inicio de su actual mandato.
