Orden judicial prohíbe operativos de inmigración en lugares de culto de grupos religiosos en EU

Cortesía: Todo Electoral –
El lunes, un juez federal emitió una orden que prohíbe la realización de operativos de inmigración en lugares de culto de los cuáqueros y otros grupos religiosos.
El juez de distrito Theodore Chang determinó que la medida implementada por el gobierno del expresidente Donald Trump podría vulnerar la libertad religiosa de estos grupos, por lo que deberá permanecer bloqueada durante el proceso de impugnación.
La orden preliminar de restricción del juez en Maryland se aplica únicamente a los demandantes, que incluyen una red de iglesias bautistas con sede en Georgia y un templo sij en California.
Estos grupos presentaron la demanda tras la derogación de las políticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus iniciales en inglés) que limitaban los lugares para detenciones de migrantes, en un esfuerzo del presidente Trump por cumplir con sus promesas de deportaciones masivas.
El cambio en la política permite a los agentes de inmigración realizar operativos con «sentido común» y «discreción» en lugares de culto sin necesidad de aprobación de un supervisor.
Los abogados de los demandantes sostienen que la nueva directiva del DHS rompe con una política de 30 años que prohibía operativos de inmigración en «áreas protegidas» o «lugares sensibles».
Congregaciones cuáqueras demandan al DHS por cambio en políticas de inmigración
El pasado 27 de enero, cinco congregaciones cuáqueras de Maryland, Massachusetts, Pennsylvania y Virginia presentaron una denuncia contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y su titular, Kristi Noem, a raíz de un reciente cambio en las políticas de inmigración. La denuncia se interpuso menos de una semana después de que se anunciara la nueva medida.
Los abogados de las congregaciones indicaron en un documento judicial que muchos inmigrantes temen asistir a servicios religiosos debido a la implementación de la nueva regla por parte del gobierno.
«Es un miedo que atraviesa la gente en todo el país”, dijo el abogado de los demandantes, Bradley Girard, durante una audiencia hace unas semanas. “La gente no se presenta, y como resultado de ello los demandantes están sufriendo”.
Los abogados del gobierno afirman que la parte demandante pide al tribunal que interfiera en las actividades de seguridad basándose en meras especulaciones.
La abogada del Departamento de Justicia, Kristina Wolfe, afirmó al juez designado por el presidente Barack Obama que los demandantes no han proporcionado evidencia que indique que alguna de sus organizaciones religiosas se haya visto afectada.
Más de una veintena de grupos cristianos y judíos, que representan a millones de estadounidenses, han presentado una demanda en el estado de Washington contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Los demandantes en el caso de Maryland están representados por la Fundación Democracy Forward, cuyos abogados solicitaron al juez una orden para bloquear la política del DHS a nivel nacional.
Los abogados escribieron que la nueva política del DHS le concede la autoridad para ingresar en cualquier lugar de culto en todo el país, independientemente de sus creencias religiosas.
Por su parte, los abogados del gobierno de Trump aseguran que durante años se han permitido operativos de inmigración en lugares sensibles, incluidos los lugares de culto. El único cambio en la política es que ya no se requiere la aprobación de un supervisor, añadieron.
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