El Congreso de Paraguay destituye al presidente Santiago Peña por el colapso del banco ueno
El Congreso de Paraguay destituyó este viernes al presidente Santiago Peña tras hallarlo culpable de mal desempeño en un juicio político express de dos días, motivado por el colapso del banco digital ueno.
La condena en el Senado, respaldada por 44 votos ante la ausencia del mandatario, frena la inmunidad parlamentaria que Peña habría obtenido de aceptarse la renuncia que presentó el jueves, dejándolo expuesto a procesos penales. En su reemplazo, el vicepresidente Pedro Alliana asumirá la jefatura de Estado para completar el mandato que culmina en 2028.
Los cargos que sustentaron la acusación incluyen desvío de fondos de pensiones, manipulación de la supervisión regulatoria y participación en un encubrimiento institucional en complicidad con el Banco Central. La legisladora opositora Rocío Vallejo expuso que Peña lideró actuaciones que expusieron a cerca de tres millones de ahorristas a un desfalco de más de 1.200 millones de dólares. Las pruebas recriminan que el mandatario permitió inyecciones millonarias de dinero estatal por encima de los límites legales a una entidad donde él mismo poseía participación accionaria.
El desplome financiero de ueno, propiedad del Grupo Vázquez, custodiaba unos 850 millones de dólares en depósitos públicos y provocó una ruptura total dentro del oficialista Partido Colorado. El expresidente y jefe partidario Horacio Cartes, mentor político de larga data de Peña, lideró el retiro del respaldo político al mandatario. Esta pérdida de confianza desató una crisis gubernamental en cascada que forzó las renuncias inmediatas del ministro del Interior, el jefe de gabinete, el asesor legal y el asesor político del mandatario.
Analistas y académicos locales señalaron que bajo la gestión de Peña el Banco Central de Paraguay perdió la neutralidad y credibilidad internacional que había construido durante últimos 20 años. La institución emisora cedió a las presiones del Ejecutivo y relajó severamente todos sus mecanismos de control para favorecer al grupo empresarial. Tras la destitución presidencial y las masivas protestas ciudadanas en Asunción, el presidente del Banco Central también se vio obligado a dimitir de su cargo.
En el plano judicial, la fiscalía ya abrió tres causas penales directas contra Peña, Alliana y diversas autoridades financieras por el manejo irregular de los fondos públicos. Asimismo, se dictaron imputaciones contra 27 personas, se ordenó la prisión preventiva de directivos bancarios y se incautaron bienes de lujo al accionista principal, Miguel Vázquez. Mientras avanzan los procesos por abuso de confianza y estafa, el regulador inició la devolución gradual de ahorros comenzando por los depósitos de hasta 10 millones de guaraníes.
