José Luis Flores García

La libertad de expresión es un derecho vital que debe defenderse a toda costa. Sin embargo, confundir un código QR con un atentado a la Constitución es un exceso de imaginación o una muestra de oportunismo mediático. Este es el guión que TV Azteca Puebla ha decidido protagonizar una vez más.

A través de sus espacios informativos y en voz de conductores como Carolina Gil, lanzó una “cruzada” acusando al gobierno de Puebla de «censura» y «acoso». ¿El arma letal de esta supuesta represión? Un código QR de acceso.

El argumento de la televisora peca de contradictorio. Por un lado, aseguran haber «cumplido con todos los protocolos» para ingresar a las mañaneras en el CIS Angelópolis. Por el otro, admiten que el personal de la Coordinación General de Comunicación Social y Agenda Digital no los dejó pasar, justamente por no contar con el nuevo registro de código QR.

Para justificar su falla, TV Azteca recurre al victimismo: afirman que dicho código fue enviado «por WhatsApp únicamente a medios aliados». Es curioso cómo una empresa de comunicación con vastos recursos humanos y técnicos, es incapaz de gestionar una simple acreditación de prensa y prefiere acusar de complot al gobierno poblano. 

Asegurar que la implementación de un nuevo control de acceso es «censura» suena irresponsable, aunque a últimas fechas ese es el sello de la empresa de Ricardo Salinas Pliego. El gobierno de Alejandro Armenta, como cualquier otro en el mundo, tiene el derecho de establecer reglas y protocolos de acceso para sus eventos. Que TV Azteca se niegue a acatarlos, no la convierte en mártir de la democracia.

Finalmente, el periodismo se ejerce investigando y contrastando datos, no quejándose amargamente en cadena estatal porque un guardia de seguridad pidió escanear un código QR en la entrada.