Meta es condenada a pagar 25,000 millones de dólares en Nuevo México por engañar a usuarios
Un juez de Nuevo México ordenó a Meta Platforms pagar una multa histórica de 25,000 millones de dólares tras determinarse que la empresa engañó sistemáticamente a los consumidores sobre la privacidad de sus datos. El caso penal y civil se deriva de las acusaciones contra Cambridge Analytica, una empresa de consultoría política vinculada a la campaña de Donald Trump en 2016, la cual obtuvo información personal de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento.
En la resolución emitida tras el veredicto del jurado, el juez Francis Mathew afirmó que las irregularidades cometidas por la tecnológica a lo largo de los años atentan contra la esencia misma de las prácticas comerciales de la plataforma. Aunque Mathew reconoció que la legislación estatal facultaba una penalización superior a los 219,000 millones de dólares por la gravedad de los hechos, determinó reducir la cifra final a la suma antes citada.
El origen de este litigio se remonta al año 2021, cuando el fiscal general del estado demandó a la firma multinacional a raíz del masivo hackeo y recopilación de datos que afectó a cerca de 87 millones de usuarios en todo el mundo a través de aplicaciones desarrolladas por terceros. El gobierno estatal acusó formalmente a la corporación de mentir a la ciudadanía sobre las verdaderas restricciones de acceso a sus perfiles, así como de tolerar intencionalmente discursos de odio y desinformación con el único propósito de proteger sus intereses económicos y comerciales.
De acuerdo con el dictamen definitivo dictado el 25 de septiembre, el jurado concluyó que 26 de las 29 declaraciones corporativas emitidas por Meta en esta materia resultaron falsas o engañosas. Esto derivó en la comisión de más de 43 millones de infracciones individuales a las normativas de protección al consumidor de Nuevo México, calculadas según la cantidad de usuarios residentes afectados que integraban el público objetivo de dichas publicaciones.
La legislación local estipula que este tipo de penalizaciones civiles pueden alcanzar hasta los 5,000 dólares por cada falta cometida y que la totalidad de los fondos recaudados debe inyectarse directamente al sistema escolar público de Nuevo México.
Por su parte, el equipo legal de Meta rechazó contundentemente el veredicto, calificó el monto de la multa como inconstitucional y anunció que apelará la decisión de forma inmediata. El abogado principal de la firma, C.J. Mahoney, argumentó que la demanda busca imponer un castigo indirecto a la libertad de expresión y que la resolución judicial hace prácticamente imposible mantener operaciones comerciales dentro de ese estado.
