¿Servicios o negocios?
Por: Nicolás Dávila Peralta –
En 2013, el Congreso del Estado de Puebla aprobó reformas que permitieron la privatización del servicio de agua potable; de este modo, en la zona conurbada de la capital del estado (Puebla, San Pedro y San Andrés Cholula, Cuautlancingo y Amozoc) el servicio de agua potable y alcantarillado está a cargo de la empresa privada Agua de Puebla, perteneciente al corporativo Concesiones Integrales, S.A., porque así lo determinó el gobierno del panista Rafael Moreno Valle Rosas y el entonces alcalde de la capital del estado Eduardo Rivera, también panista.
El resultado de esta concesión que, de acuerdo al convenio firmado por ambos gobernantes, concluirá en 2044, es un mal servicio de distribución del agua potable, sobre todo a las colonias populares, que son las que tienen tarifas más bajas, y el encarecimiento del cobro del servicio.
La demanda de la población de los cinco municipios es que se corrija este servicio, si es necesario cancelando la concesión a la empresa privada que la detenta. Sin embargo, el gobernador Alejandro Armenta ha revelado que el convenio de privatización favorece de tal modo a la empresa Agua de Puebla que es imposible cancelarlo, porque significa entregarle una indemnización millonaria, superior a las capacidades del gobierno. La concesión “fue el robo más grande que le han hecho al estado de Puebla”, afirmó.
La privatización del servicio de agua potable y alcantarillado en la zona conurbada de Puebla es sólo un ejemplo de lo que significó, durante los gobiernos neoliberales, convertir los servicios públicos en negocios privados. De este modo, el criterio fundamental no fue prestar un servicio a la población bajo los principios de responsabilidad, funcionalidad y rentabilidad, sino convertir el servicio en una mercancía sujeta a las leyes del mercado, privilegiando la ganancia sobre el servicio.
De Salinas a Peña: todo se vende
La privatización se inició cuando el gobierno mexicano cambió el modelo económico existente hasta el inicio de los años 80 del siglo pasado que, hay que reconocerlo, estaba en crisis, y adoptó el modelo neoliberal que planteaba el “adelgazamiento” del Estado, para dejar el manejo de la economía en manos del sector privado.
De este modo, a partir de 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari asume el poder, se inicia la venta de las empresas paraestatales a la iniciativa privada; las primeras fueron Altos Hornos de México, Teléfonos de México y la televisión pública; junto a éstas se privatizaron los bancos, que había sido estatizados por José López Portillo. Siguieron otras más en ese sexenio.
Sin embargo, fue en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando los criterios neoliberales se aplicaron de una manera radical.
Su sexenio inició con el llamado “error de diciembre” que llevó a una devaluación drástica del peso mexicano que ya en el sexenio de salinas había perdido tres ceros, la crisis se agravó por la mala administración de los nuevos banqueros y la corrupción y llevó al rescate de los grandes ahorradores, cargando la deuda a todos los mexicanos a través del Fobaproa, que hasta hoy seguimos pagando con nuestros impuestos y lo pagarán nuestros nietos.
En su sexenio fue vendida la empresa estatal Ferrocarriles de México, transacción que inició con la privatización de los talleres de mantenimiento para concluirse con la venta de locomotoras y trenes, todo con el aval de sindicato ferrocarrilero, una organización que por décadas fue vanguardista en la defensa de los derechos de los trabajadores.
Los nuevos dueños de los ferrocarriles se dieron cuenta que el negocio estaba en el servicio de carga, por lo que poco a poco suprimieron en casi todo el país el servicio de pasajeros, con lo se vieron aislados muchos poblados pequeños cuyo medio de transporte era el tren de pasajeros.
Hoy no quedan ni los rieles en varios ramales del Tren Mexicano de Sur, como es el caso del servicio de Puebla a México a través del sur de Puebla y el estado de Morelos.
Para esto, tuvo que reformarse el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reservaba al Estado el servicio de los ferrocarriles.
La privatización de los aeropuertos fue selectiva; el gobierno vendió los 35 que eran más rentables, entre ellos el de la Ciudad de México.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto se buscó la forma de eludir los preceptos constitucionales que consideran al petróleo y la generación de energía eléctrica como exclusivos del Estado. Se buscó la manera de reinterpretar los preceptos constitucionales y, a través de la compra de votos panistas y perredistas (Pacto por México), se aprobó una reforma energética que virtualmente privatizó los hidrocarburos y entregó un alto porcentaje de la producción de electricidad a empresas extranjeras, principalmente españolas.
Estatización Responsable
A partir del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se inició un proceso de recuperación de estos servicios y empresas, poniendo el acento en la reversión de la reforma energética de Peña Nieto. El exmandatario tuvo que enfrentarse a muchos obstáculos, tanto de las empresas favorecidas por el gobierno priista como del Poder Judicial que frenó la reforma energética del tabasqueño.
Cinco grandes proyectos del sexenio anterior apuntaron hacia la reversión de la privatización de los servicios nacionales: los trenes Maya e Interoceánico, la construcción de los aeropuertos Felipe Ángeles y el de Tulum y de la refinería Dos Bocas.
La mayoría fueron encargadas a ingenieros militares y administradas por las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, en una jugada muy precisa del mandatario: evitar la corrupción de empresas privadas y destacar el papel del Ejército y la Marina mexicanos como factores del desarrollo nacional.
En el actual sexenio, dentro del llamado Plan México, la presidenta Claudia Sheinbaum pardo ha marcado su proyecto económico que rompe con el neoliberalismo para orientar la al país hacia una economía mixta, donde el Estado recupera su papel de rector de la economía y se abre a la participación relevante del sector ṕrivado.
Quienes han acusado a la llamada Cuarta Transformación de llevar al país al comunismo, se han equivocado rotundamente, lo que construye el llamado Segundo Piso de la 4T es una forma de capitalismo con orientación social. El proyecto ha sido bien recibido por el sector privado nacional y extranjero.
Como lo demuestra el caso de Agua de Puebla, revertir la privatización de servicios que hoy se manejan como negocios, no es una tarea fácil ni será rápida; pero los dos últimos gobiernos federales han dado pasos en el sentido correcto. Mientras tanto, el gobernador Alejandro Armenta Mier ha afirmado que, si bien no se puede revertir la concesión, su gobierno estará atento a que la empresa privada preste el servicios de agua y alcantarillado como lo exige la ciudadanía
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